Lo que en algún momento se escuchaba como conceptos sacados de la ciencia ficción, poco a poco –en el caso latinoamericano, más lentamente que en el resto del mundo- va formando parte de nuestra realidad cotidiana, como ocurre con el Internet de las Cosas (IoT, por las siglas en inglés).

En concreto, se trata de una vida más dependiente de los dispositivos conectados a internet, el ecosistema digital como sostén de nuestra vida cotidiana, doméstica.

Por ejemplo:poder encender la estufa desde la oficina y que modere la intensidad del calor o el tiempo de cocción, de acuerdo al peso o cantidad de producto, por medio de aplicaciones. El encendido de los focos de casa de acuerdo a la oscuridad en el ambiente o situaciones más complejas como el diseño de una ciudad inteligente.

Ante esta realidad, resulta necesario desarrollar marcos normativos que eviten abusos, así como riesgos a la seguridad de los usuarios; aquí, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha avanzado de forma acertada en la elaboración del Código de mejores prácticas para la ciberseguridad de los dispositivos del Internet de las Cosas, que tiene como objetivo establecer condiciones a fabricantes, concesionarios que brindan acceso a Internet, así como aquellos proveedores de aplicaciones, contenidos y servicios.

De acuerdo con datos de la Asociación del Sistema Móvil Global (GSMA), en el reporte “La Economía Móvil América Latina 2019”, referido en la justificación del Código, las conexiones totales de los dispositivos IoT en América Latina están creciendo en una tasa promedio anual de 14 por ciento y están en camino a alcanzar las mil 300 millones de conexiones para 2025, cinco por ciento de las conexiones de IoT mundiales.

Otro dato trascendental, que dibuja la vulnerabilidad de este ecosistema es que en la primera mitad de 2021, se registraron 32.2 millones de intentos de malware a los dispositivos IoT, un incremento del 59 por ciento durante el mismo periodo del año pasado, según reveló el reporte “Mid-yearupdatecyberthreatreport”, que realizó la consultora SonicWall.

Siguiendo el modelo europeo, el Código propuesto por la autoridad reguladora mexicana establece condiciones que se deben cumplir para la protección de los datos personales, almacenamiento seguro, informes sobre la vulnerabilidad de las tecnologías aplicadas, entre otras, por lo que deberá ir ajustándose rápidamente a las realidades para evitar que la velocidad de la tecnología termine por agotar y caducar la norma.